Radiografía del agua urbana en Andalucía

Un informe independiente sobre el agua urbana en las capitales de Andalucía revela el precio real del agua y su diferencia con su facturación, la opacidad de las empresas privadas y que el mínimo vital de 100 litros por persona y día, propuesto por la ONU para garantizar el derecho humano al agua, que ya se lleva a cabo en Sevilla, Cádiz y Córdoba.

El mayor análisis independiente de los sistemas de tarificación actuales en las capitales de provincia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con respecto a los servicios relacionados con el Ciclo Integral del Agua, lo acaba de llevar a cabo la Asociación Española de Operadores de Abastecimiento y Saneamiento de Agua Pública (Aeopas), que agrupa a la mayoría de las principales empresas de agua pública del país.  Se trata de un profuso análisis de las prestaciones sociales directas relacionadas con los servicios que tienen que ver con el ciclo integral del agua a nivel local, concretamente, el ciclo urbano del agua. Un informe que compara las entidades que prestan el servicio del agua en tarifas, servicios y conceptos esenciales como transparencia, participación ciudadana en los procesos y, por supuesto, la aplicación real del derecho humano al agua tal y como lo declaro la ONU en el año 2010.

Entre las conclusiones del estudio, se ha logrado establecer el precio medio del agua andaluza, que va desde los 2,17 euros por metro cúbico de Huelva, a los 1,15 euros de Jaén. Aunque la determinación de los precios es muy compleja como asegura el informe, por la cantidad de variables que hay, una conclusión es clara: aunque Jaén es donde el agua es más barata, no es donde se factura a menor precio ni donde hay menos consumos, sino que en ambos casos la situación es deplorable. 

Aunque ese es el precio medio del agua, las facturas del agua analizadas por Aeopas revelan que donde se paga más de media por el agua según el consumo real es en Granada, con una factura media de de 75,82 euros, seguida de Huelva (68,04 euros), y ya a mucha distancia ya otros modelos de gestión que se han demostrado así muy eficientes y rentables para la ciudadanía como Cádiz (41,16 euros), Córdoba (37,33 euros) o Sevilla (34,77 euros).  

El estudio de Aeopas sin embargo da un paso más y realiza la comparación en los mismos términos, estableciendo estos datos para un consumo de tipo doméstico  de 25 metros cúbicos mensuales con un calibre de 15 milímeros y para un hogar conformado por 3 miembros. Según el estudio, al que ha tenido acceso en exclusiva Ecoperiodismo y que conformará la ponencia principal de Aeopas en el próximo congreso hispano portugués de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA), la distancia mayor entre las tarifas del agua entre ciudades alcanza más de 20 euros al bimestre, siendo Huelva la capital con el agua más cara. Los onubenses pagan 54,21 euros de factura media.

Sin embargo, estos datos comparación no consideran bonificaciones ni otros conceptos tales como cánones o el Impuesto de Valor Añadido. Al incorporar los cánones, la factura del agua se incrementa sensiblemente, sobre todo en el caso de Jaén, la capital de provincia con el canon de mejora más elevado, que aunque era la que tenía el agua más barata no es la que la cobra al menor precio. Las empresas cobran esta cantidad para mejorar y mantener las infraestructuras del agua, pero hay ejemplos como el de Córdoba, donde el 50 por ciento de la recaudación se dedica a inversiones, de manera que existe ese canon de mejora local en sus facturas convirtiéndose entonces en la capital con el agua más barata de Andalucía. 

El canon local de Jaén dispara su precio independientemente del consumo realizado, que pasa de un precio del agua de 1,15 euros por metro cúbico a 1,70 euros. Tal vez esa sea una de las explicaciones por las que se obtiene el dato tal vez más desalentador de este informe: Jaén tiene el dudoso honor de ser la capital de provincia con unos consumos de agua urbana más disparatados: 171 litros por persona y día. Sin embargo no es la capital que más agua consume, los andaluces más derrochadores de agua son los granadinos, con un escalofriante consumo de 218 litros por habitante y día. En el otro extremo, los más ahorradores están en Málaga, donde el consumo de agua es de 109 litros al día por persona.  Por debajo de la media andaluza de consumo, que es de 138 litros por persona y día están los 125 litros de Cádiz, 112 en Sevilla o los120 de Córdoba.

Del análisis de la implantación del Suministro Mínimo Vital, establecido por la ONU cuando declaró el agua como un derecho humano en el año 2010, se desprende que las ciudades de Sevilla, Cádiz y Córdoba son las que ya han implantado este tipo de suministro. Generalmente esta medida propone un volumen de 100 litros por habitante y día, el cual es idéntico al implantado en las ciudades de Cádiz,  Córdoba y Sevilla. En el  caso específico de Sevilla, la entidad gestora, EMASESA, en la práctica supera esta cantidad y no se produce corte bajo ningún concepto siempre y cuando la persona afectada cuente con informe positivo de los servicios sociales. Son tres ejemplos de que aplicar el mínimo vital no encarece el precio del agua ni tan siquiera dispara el consumo medio. 

El estudio, que revela  también que los precios que los ciudadanos sufragan por los servicios derivados del ciclo urbano del agua, contrasta con los datos de las encuestas de la patronal andaluza del agua AEAS, preocupada sólo de analizar precios y no otras variables sociales. Los datos de la patronal se demuestran ahora como una muestra sesgada y no representativa del conjunto de las entidades que comprenden el sector del agua. “El precio de un determinado servicio, viene determinado por el nivel y calidad del servicio, así como por las circunstancias intrínsecas del servicio (orografía, dispersión geográfica, disponibilidad del recurso), lo que hace las comparaciones únicamente dinerarias muy complejas y pocas representativas”, explica el informe.

Además, según se apunta en el estudio, en el caso de “concesiones administrativas”, como se refiere a las privatizaciones del servicio, existen otro tipo de gasto que deben ser tenidos en cuenta y que repercutirán en una facturación mayor. Este concepto es el denominado “Beneficio industrial” de la empresa privada concesionaria del servicio.

En cualquier caso, el estudio de Aeopas muestra también una opacidad de muchas de estas empresas. Paradójicamente, la transparencia del agua sigue siendo una asignatura pendiente para muchos de sus gestores públicos y sobre todo para los privados, donde apenas hay datos. En casos como la ciudad de Jaén, los costes del servicio superaban en una estimación a los precios del servicio, “por tanto, entre la mala calidad de los datos y las estimaciones, no se permite un cálculo fiel a la realidad”, apunta el informe que ha tenido que hacer una auténtica arqueología de búsqueda de información para averiguar algo que debería ser tan sencillo como saber cuánto paga y para qué un ciudadano en su factura del agua.

Sevilla, Cádiz Y Córdoba, ejemplos de participación ciudadana en la toma de decisiones del agua 

“La participación ciudadana en general es limitada”, apunta como conclusión general el estudio. Pero el informe pone también el ejemplo de buenas prácticas en este sentido. Es el caso de EMASESA, la empresa de aguas de Sevilla, que contiene a un representante de los usuarios en el Consejo de Administración. En Cádiz se ha desarrollado un proceso participativo en torno al Plan Estratégico de la entidad. Mientras, en Córdoba se promueve la participación a través del Consejo del Movimiento Ciudadano y los Consejos de Distrito de la Ciudad. Además en Córdoba existe un Consejo de Administración en el que convergen líderes tanto políticos como sociales como los sindicatos y el movimiento vecinal.

Como experiencias de participación, se encuentran los talleres participativos sobre el sistema tarifario de Cádiz, que sirven para consensuar un cambio en el sistema tarifario, que actualmente se encuentra en fase de implementación. Para ello se realizaron diferentes actuaciones a modo de presentación y consenso con asociaciones vecinales o entidades empresariales, de forma de que todas las aportaciones y sugerencias se puedan integrar en el diseño del sistema tarifario.

En el caso de la participación en la toma de decisiones, el informe es muy claro y recoge el sentir de los expertos internacionales sobre la gestión del agua urbana: “La participación debe ser activa, libre y significativa, lo que significa que no debe limitarse al simple intercambio de información y a consultas puntuales, sino que se deben asegurar mecanismos de participación directa y efectiva -con voz y voto-, equitativa y representativa de los sectores sociales interesado en el ciclo integral urbano del agua, en la toma de decisiones en todos los niveles: planificación y elaboración de los presupuestos, operación, seguimiento y evaluación del ciclo, independientemente del tipo de gestión”. Ello implica un acceso establecido en la normativa, objetivo y completo a la información, y la total transparencia y publicidad de los acuerdos que se adopten en los órganos de decisión. El acceso a la información debe regirse por el principio de la máxima difusión. 

Además, y en aras a conseguir una eficaz rendición de cuentas, deberá ser accesible y pública toda la información sobre la gestión del ciclo y de sus resultados económicos, sociales y medioambientales, así como los propios de la participación ciudadana. Lo anterior está directamente relacionado, y es condición indispensable para que la transparencia y la rendición de cuentas sean posibles.

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Author: RICARDO GAMAZA

Periodista ambiental desde hace dos décadas en prensa, radio, televisión y blogs. Productor y director audiovisual independiente, escritor y guionista. Escribo periódicamente sobre ecología para Diario Público, Huffington Post, Consumerismo, El Correo de Andalucía, Magacink y Quercus.

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