Sanos por ley

Andalucía es la primera comunidad autónoma que aprueba una norma de rango superior para la lucha contra la obesidad. La nueva ley promueve cuestiones ambientales para la salud de las personas, como el acceso libre y gratuito al agua de grifo en los restaurantes o la movilidad urbana en bicicleta

Un 16,6 por ciento de la población andaluza adulta y, lo que es más grave, un 23 por ciento de los niños y niñas andaluzas sufren obesidad, según los datos de la Junta de Andalucía. Este problema de salud deriva en cuatro categorías de enfermedades: cardiovasculares, las respiratorias crónicas, el cáncer y la diabetes, que según la Organización Mundial de la Salud  (OMS)“son las principales responsables de la mortandad por causas no transmisibles” y según la OMS “pueden prevenirse”. La Estrategia Mundial sobre el Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, desarrollada por la OMS en 2014, apunta medidas que de aplicarse lograrían una reducción de la mortandad. Entres esas recomendaciones se encuentran la promoción de la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida, la continuación de la lactancia materna más allá de los 2 años, la reducción de la sal en los alimentos -especialmente dedicada esta recomendación a los productores de comidas preparadas o productos alimenticios elaborados-, eliminar las grasas trans, reducir los contenidos de azúcares libres y la concentración de grasas saturadas y reducir el tamaño de las raciones.

Las recomendaciones de la OMS en la citada estrategia supondrían cambiar casi radicalmente la composición de la mayoría de los alimentos que se venden en la actualidad, en los que, por ejemplo, la perversa presencia del azúcar, justificada por su poder conservante, lleva aparejada no sólo la ingesta de azúcar en alimentos que no deberían llevarla, sino también la adicción a los alimentos.

La Segunda Conferencia Internacional sobre nutrición de la FAO en 2014, resaltaba ya los problemas de la malnutrición en los países desarrollados. Una mala alimentación que afectaba a la salud en su más amplio sentido, según la FAO, ya que puede llegar a “limitar el desarrollo físico y cognitivo, reduce la productividad y suponen una pesada carga en forma de consecuencias sociales y económicas negativas para las personas, las familias, las comunidades y los Estados”.

Considerada ya como la pandemia del siglo XXI, la obesidad y el sobrepeso sigue engordando sus cifras: En 2013 había 42 millones de niños y niñas menores de 5 años afectados por el sobrepeso. En Andalñucía la tendencia de la epidemia de exceso de peso es creciente y ha llegado a duplicar el número de afectados de 1999 a 2011 entre la población mayor de 16 años, según asegura la Junta de Andalucía.

Para hacerle frente al sobrepeso, el Gobierno andaluz ha diseñado y aprobado una Ley innovadora en la que define los derechos de la ciudadanía en relación a la alimentación saludable, la actividad física y la diversidad de la imagen corporal. En la nueva norma, la primera que una comunidad autónoma regula con el máximo rango normativo, se presta  especial atención a la infancia como colectivo prioritario, además de las mujeres embarazadas, las personas mayores y los grupos de población socialmente más desfavorecidos.

El proyecto recoge las reciomendaciones citadas anteriormente de organismos internacionales como la OMS, en el sentido de “implicar a la sociedad en su conjunto, sobre todo administraciones públicas, sectores empresariales, medios de comunicación y empresas de publicidad”.

Para hacer efectivo este derecho, a una vida sana, la Ley andaluza establece medidas concretas, como la exigencia de disponer de menús saludables y de diferentes tamaños de raciones en los establecimientos de restauración; tener alternativas de adquisición de alimentos frescos y perecederos en cantidades adaptadas a la composición de las unidades familiares; y habilitar aparcamientos de bicicletas en los lugares de trabajo con más de 50 empleados.

Una clave: acceso al agua de grifo

Una medida clave de la futura norma andaluza será la de favorecer el acceso gratuito al agua potable en los centros educativos, lugares públicos y centros de ocio infantil, promoviendo la dotación de fuentes en estos espacios. Además, se exigirá a las empresas de máquinas expendedoras de productos alimentarios que ofrezcan agua gratuita en aquellos centros docentes en los que se permite su instalación y en los lugares de ocio infantil, ya sea integrada en sus propios dispositivos o a una distancia de hasta dos metros de los mismos. En la misma línea, los bares y restaurantes deberán ofrecer a los clientes un recipiente con agua y vasos, de forma gratuita y complementaria a la oferta del establecimiento.

Una medida, la de promover el agua de grifo entre la ciudadanía, a la que se han adelantado ciudades como Córdoba o Cádiz, donde la campaña ‘progrifo’ desarrollada por la Asociación Española de Operadores de Agua Pública (AEOPAS) ha permitido implicar a los restaurantes de estas ciudades en la oferta gratuita del agua pública. Lo han hecho repartiendo de manera gratuita jarras de diseño a los establecimientos de restauración adheridos al programa. Previamente en Córdoba y Cádiz se ha promovido un concurso de diseño para dar al agua de grifo de estas ciudades una imagen propia en dichos recipientes y en botellas que se han repartido a la ciudadanía.

La infancia, objetivo prioritario de la Ley para la Promoción de una Vida Saludable y una Alimentación Equilibrada en Andalucía

La Ley establece medidas de garantía de derechos que se extenderán a centros educativos, universidades, espacios de ocio infantil y juvenil, empresas, establecimientos de restauración y centros de personas mayores y con discapacidad, así como de promoción del transporte activo, de los entornos que favorecen el ejercicio y de los espacios para facilitar la lactancia materna. Pero sobre todo pone el acento en los jóvenes, donde las cifras de obesidad han levantado las alarmas andaluzas.

Así, en materia educativa, con la nueva norma en vigor los centros docentes tendrán que establecer, en un plazo de dos años, un tiempo mínimo recomendable de cinco horas efectivas semanales de actividad física. De igual modo, se fomentarán los juegos y recreos activos y se ampliará la oferta de actividades extraescolares que incluyen ejercicio.

La norma también elevará a rango legal las medidas que actualmente desarrolla la Junta para garantizar los menús saludables en los comedores escolares, con utilización de productos locales y regionales y de temporada basados en la dieta mediterránea. Se prevén igualmente iniciativas para la distribución de frutas y verduras y la participación del alumnado en huertos escolares, con prioridad para las zonas con necesidades de transformación social.

La Ley establece también la creación del Sistema de Información de Calidad Nutricional de los Alimentos en Andalucía: un índice global que se aplicará tanto a los productos envasados como a los de venta a granel o comercializados en comercios minoristas. Con esta herramienta se podrán comparar alimentos y productos de la misma familia y entre diferentes marcas comerciales. Estará disponible en la web de la Consejería de Salud para que los ciudadanos puedan consultar las características nutricionales de los alimentos que consumen.

A las empresas de producción alimentaria en Andalucía se les exigirá que incluyan en sus sistemas de autocontrol la información que suministran al consumidor para asegurar que no promueven, de forma directa o indirecta, una alimentación no saludable o no equilibrada.

El proyecto de Ley incluye limitaciones en la publicidad comercial de alimentos y de bebidas no alcohólicas dirigida a menores de 15 años. “De este modo, se evitará incentivar el consumo inmoderado de productos hipercalóricos, usar argumentos o técnicas que exploten la ingenuidad de los menores o generar expectativas referidas a que su ingesta proporcione sensación de superioridad”, explica la Junta que da las competencias en este sentido al Consejo Audiovisual de Andalucía como el responsable de velar por el cumplimiento de la normativa.

El texto legal aprobado hace algo más de un mes limita también la publicidad de bebidas y alimentos envasados en centros educativos y especifica que los que se vendan no podrán sobrepasar un valor energético de 200 kilocalorías, no tendrán un alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal o azúcares o no contendrán cafeína u otras sustancias estimulantes. Además, en los institutos de Secundaria se mostrará, en lugar visible al público, la cantidad de calorías netas por porción envasada de los productos que se ofrezcan tanto en sus máquinas expendedoras como en sus áreas de restauración. En este sentido, el texto recoge que las empresas evitarán la entrega de regalos o premios destinados a fomentar la adquisición o el consumo de alimentos y bebidas no saludables en los centros educativos.

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Author: RICARDO GAMAZA

Periodista ambiental desde hace dos décadas en prensa, radio, televisión y blogs. Productor y director audiovisual independiente, escritor y guionista. Escribo periódicamente sobre ecología para Diario Público, Huffington Post, Consumerismo, El Correo de Andalucía, Magacink y Quercus.

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