El Defensor del Pueblo acredita que la CHG no cumple la Ley de Transparencia

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) se niega a facilitar el acceso electrónico a la documentación durante el periodo legal de información pública. Este hecho obliga a desplazarse a Sevilla a personas que viven a cientos de kilómetros de la capital. Ecologistas en Acción ha denunciado esa actitud discriminatoria, primero ante la CHG y luego al Defensor del Pueblo Estatal.

La CHG considera opcional para su entidad la Ley de Transparencia. Alega que es “una norma genérica o transversal, se entiende de aplicación solo a falta de una regulación expresa por parte de la norma sectorial, en este caso la legislación de aguas” y llega a afirmar que “la información pública se realizará ‘únicamente’ mediante anuncio, haciendo incluso de la información pública un trámite discrecional”. Por eso, Ecologistas en Acción, ha llevado esta opacidad del máximo órgano de cuenca  del Guadalquivir ante el Defensor del Pueblo Estatal. Consideran que la CHG “pisotea los derechos ciudadanos” de la mayoría de la población de su cuenca, por lo que ha trasladado la resolución del Defensor del Pueblo a la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, pidiéndole que obligue a la CHG a cumplir con sus obligaciones legales.

El Defensor del Pueblo Estatal ha solicitado varias veces a la CHG que deben cumplir la Ley de Transparencia, ya que “la ley se dicta, entre otros títulos competenciales, al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.1a y 149.1.18a de la Constitución, es decir, la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos; y las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas”. Afirma el Defensor que la legislación sobre aguas “en ningún caso puede invocarse o interpretarse para restringir el alcance o el ejercicio de derechos reconocidos con carácter básico”, que además tiene su encaje en el artículo 105.b) de la Constitución. Por último el Defensor pregunta directamente a la CHG tiene previsto adoptar alguna medida para garantizar el derecho de participación electrónica de la ciudadanía.

La interpretación particular de la Ley de Transparencia por parte de la CHG obliga a que las personas que quieran consultar alguna documentación que se encuentre en periodo legal de información pública, se vean forzados a desplazarse a Sevilla, en horario de oficina. Este hecho supone un gran esfuerzo para quienes viven a cientos de kilómetros de la capital andaluza (más de 400 en el este granadino o almeriense) y quieren revisar cualquier actuación que se proyecte al lado de su casa y que afecte a ríos, arroyos o aguas subterráneas de dominio público. Al acudir en persona a las oficina de Sevilla sí se les facilita una copia en formato digital.

Si al final se logra que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir cumpla lo dispuesto en la Ley de Transparencia, se habrá conseguido equiparar los derechos constitucionales de acceso a la información pública y participación ciudadana de toda la ciudadanía que habita en Cuenca del Guadalquivir, independientemente de la distancia a Sevilla de su lugar de residencia. Y lo que es más importante, se habrá acabado con la mentalidad cortijera de los altos cargos de la CHG sobre el agua de los andaluces.

Fuente: Ecologistas en Acción

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Author: RICARDO GAMAZA

Periodista ambiental desde hace dos décadas en prensa, radio, televisión y blogs. Productor y director audiovisual independiente, escritor y guionista. Escribo periódicamente sobre ecología para Diario Público, Huffington Post, Consumerismo, El Correo de Andalucía, Magacink y Quercus.

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